El ex concejal de Obras y Vías satauteño, Lucas Bravo de Laguna ordenó asfaltar sin permiso alguno un camino rústico en Lomo Espino
El juez de instrucción del número uno de Las Palmas de Gran Canaria no lo ve claro aunque el atestado de los agentes del Equipo contra el Crimen Organizado de la 152ª Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas si lo hizo constar y que entregó el viernes de la semana pasada, tras terminar las investigaciones sobre este asunto, lo cierto es que la actuación del ex concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento satauteño, Lucas Bravo de Laguna antes de las elecciones no fue la adecuada y despertó no solamente el interés de la oposición sino incluso del entonces alcalde, Antonio Díaz.Ese interés estaba provocado por la presunta existencia de un trato de favor a un amigo de la que es ahora concejala de Desarrollo Local, Empleo y Comercio, Paula Rosa Vera Santana por parte de la concejalía que dirigía en ese momento Lucas Bravo de Laguna. Y en el mes de abril, antes de las elecciones, donde el PP quería a toda costa amarrar todos los resultados, el alcalde Antonio Díaz tuvo conocimiento de este circunstancia y dio una orden al agente de la Policía Local encargado de la disciplina urbanística que hiciese un informe sobre este asunto.El 26 de abril, un mes antes de las elecciones en las que Bravo accedió al poder después de pactar con Los Verdes, cuyo número dos, Antonio Ramírez, tiene mucho que ver con todo este asunto, el agente “adscrito al departamento de Urbanismo, tiene a bien en trasladar informe solicitado por esta alcaldía, con relación a las obras realizadas en el camino al Draguillo”.
Y escribía lo siguiente, que fue lo que despertó luego la atención de los integrantes de la Guardia Civil y que por ahora no han despertado el más mínimo eco en la autoridad judicial, “personado en la zona denominada como Lomo Espino, Pino Santo, concretamente en el camino del Draguillo, de este término municipal, para la realización de la correspondiente inspección ocular, resultando que en dicho camino se han ejecutado una serie de obras, consistentes en el rebacheo con hormigón de pequeños tramos, así como el hormigonado de un tramo de unos 80 metros aproximadamente”.
Pero lo mejor está en esta parte del atestado que luego motivo comparecencias ante la Benemérita, “de las informaciones recabadas al respecto, según manifestó Antonio Ventura Rodríguez, capataz de este Ayuntamiento, que dicha ejecución se realizó entre los días comprendidos entre el 16 al 20 de abril del presente, por operarios de este Ayuntamiento. Lo que tengo a bien en trasladar, para su conocimiento y efectos”. Nadie conoce los pasos que dio Antonio Díaz en todo este asunto, que no fueron muchos por lo que se ha visto, pero lo cierto es que este acto, una costumbre inveterada en todos los pueblos de las Islas cuando llegan elecciones y que solamente se puede saber quien haya estado en un ayuntamiento en campaña electoral y donde el concejal de Obras se convierte en algo más importante incluso que el programa de gobierno, se hizo por parte del ex concejal, ahora alcalde, sin proyecto, sin licencia y sin darse cuenta que era suelo protegido que además es privado, no público, lo que agrava más el asunto.Pero también hay que ver el hecho que se usaron materiales del Ayuntamiento sin expediente alguno que justificara su salida y menos su uso hacia un particular, del que se conoce si pidió esta actuación o si pagó por ella, hecho absolutamente anómalo, ya que si existía ese medio, también lo podían usar el resto de los vecinos del municipio, muchos de los cuales no son amigos de concejales o de personas cercanas al gobierno.
Este informe y las fotos cayeron en manos de la Guardia Civil que fue mucho más allá que el policía local y se interrogó al capataz y a varios trabajadores de la concejalía en cuestión sobre este y otros asuntos. Y se incluyó en el sumario del caso Brisán, pero hasta el momento lo único que hay son hechos y no autores.
Y la ley en este caso es bastante explícita. Sino leáse el artículo 319 del reformado Código Penal. “1. Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público, o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección (como es el caso del paisaje protegido de Pino Santo). 2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los que lleven a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable. 3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe”. Por eso las construcciones no autorizadas ni autorizables que penaliza el artículo 319 deben ser realizadas en suelos protegidos por medio de legislaciones o planes de autoridades estatales, autonómicas o locales, que deben ser respetadas. Bien sean suelos destinados a vía pública, zonas verdes definidas en los planes municipales, bienes de dominio público (costas, cauces o yacimientos arqueológicos), suelos de protección paisajística definidos en planes municipales o autonómicos o suelos con reconocido valor ecológico, artístico, histórico o cultural.
Y nada de esto se hizo por parte del ex concejal y ahora alcalde de Santa Brígida, del que muchos piensan o que se la ha aparecido la Virgen o tiene una protección, como diría un palero, más grande que la de Dios Padre, que le salva de este embrollo. Hay teorías para todos los gustos.
