NUEVAMENTE EL ILUSTRÍSIMO ALCALDE Y SUS SOCIOS RECONVERTIDOS EN NEOLIBERALES LIGHT CON TONO PASTEL VERDE, "APLICAN POLÍTICAS VERDES Y TOLERANTES".
El Ayuntamiento contrató los servicios de un abogado externo al que le pagó mediante factura sin IRPF para que realizase informes sobre expedientes disciplinarios a dos policías
El alcalde y su concejal de Hacienda, Antonio Ramírez, ahora convertido en su mano derecha, en su hombre fuerte, están apoyando a su concejal de Policía, Emilio Ventura Tadeo en el conflicto que tiene abierto el colectivo de la Policía Local con el consistorio, después de comprobar los engaños, los incumplimientos y la caótica situación organizativa y de material por la que pasan los agentes en sus servicios y que en algunas ocasiones, especialmente en cuanto al estado de los vehículos, son de juzgados de guardia y dignos de procesar a los responsables políticos.
El alcalde y su concejal de Hacienda, Antonio Ramírez, ahora convertido en su mano derecha, en su hombre fuerte, están apoyando a su concejal de Policía, Emilio Ventura Tadeo en el conflicto que tiene abierto el colectivo de la Policía Local con el consistorio, después de comprobar los engaños, los incumplimientos y la caótica situación organizativa y de material por la que pasan los agentes en sus servicios y que en algunas ocasiones, especialmente en cuanto al estado de los vehículos, son de juzgados de guardia y dignos de procesar a los responsables políticos.
Lucas Bravo de Laguna, al que el silencio del caso Brisán cada día le da más fuerza y más alas, está envalentonado y dispuesto a aplastar cualquier resistencia que se interponga en su camino, después de asegurarse el apoyo incondicional de Los Verdes y sabedor que ese partido no levantará cabeza en el 2011, tras haberle apuntalado el gobierno municipal, resistiendo los embates de la oposición nacionalista, la más y la socialista, la menos. Y ha desenterrado el hacha de guerra contra los policías que se han sublevado, que han decidido que no pasan más por la situación en que los ha metido las incompetencias del grupo de gobierno.
La declaración de guerra comenzó a verse en el almuerzo navideño donde no fueron los agentes, la mayoría de ellos y se agudizó con la rebelión en Reyes y con la impugnación paralela de los presupuestos y el obligar al alcalde a dejar fuera a sus asesores más dilectos y queridos. Esto le sacó de sus casillas y apoyado en el jefe y los mandos, leales como es habitual al poder municipal abrió dos expedientes disciplinarios a los más rebeldes, a los señalados como cabecillas. Y lo quiso amarrar bien, tanto que ha cometido el mismo error que ha llevado a Carmelo Vega y Antonio Díaz ante un juez. Y ese error es la contratación de un servicio externo a un abogado, como hacía Díaz con un amigo suyo para que redactara dos informes jurídicos para fundamentar los dos expedientes disciplinarios.
Este diario ha tenido acceso a una factura presentada el 3 de enero de este año ante el Ayuntamiento de Santa Brígida por parte del abogado Diego López Bellido, que a su vez es jefe de Correos del municipio y que en la legislatura 1999-2003 fue concejal por el PSC-PSOE satauteño "¿?"(nota medianiasopina no fue concejal en esa legislatura de ningún partido pero si fue miembro de ese partido), compartiendo mesa y mantel con Antonio Ramírez, antes gran factotum socialista y ahora hombre fuerte de Los Verdes de Santa Brígida, del que este abogado es amigo íntimo al igual que otra pieza clave en este círculo, Emilio Ventura Tadeo, concejal de Policía del actual grupo de gobierno con Lucas Bravo, también de Los Verdes y que es además quien encarga este trabajo. En la factura que no lleva IRPF, una práctica que ya denunció la Audiencia de Cuentas en su demoledor informe sobre el Ayuntamiento satauteño y que dio lugar a la operación Brisán consta lo siguiente: “Minuta de honorarios devengados por el que suscribe en informes realizados para el Ayuntamiento de Santa Brígida. encargados por el concejal delegado de Policía. Criterio aplicado, número ocho de los establecidos por el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. Detalle: Realización de informe sobre expediente disciplinario (1/07). 8 horas efectivas. Realización de protocolo sobre expediente disciplinario (2/07). 8 horas efectivas. Total 13 horas por 80 euros cada hora…Total: 1040 euros”.
Esta factura a la que se une la del detective privado que no se ha podido abonar porque no hay partida ni presupuesto para ello ha sido un gesto más del grupo de gobierno entre el PP y Los Verdes que ha colmado la paciencia entre los policías locales que ven con estupor y enfado como el concejal de Policía acude a un abogado externo, afín a él y al concejal de Hacienda para atacarlos y además pudiendo caer en incompatibilidades como funcionario público de Correos y presentando una factura sin IRPF para que sea pagado por las arcas públicas, lo que significa que ese dinero no pasa por la Hacienda autonómica.Pero es más, los policías no entienden con todo el personal municipal que hay dentro del Ayuntamiento se haya tenido que acudir a esta persona, dejando fuera a los abogados consistoriales, ni los técnicos, ni los asesores del propio alcalde.
3 comentarios:
Vale que el alcalde y su camarilla son unos mantas...
Pero el día que yo vea una factura con IRPF me va a dar un patatús.
Salvo que consideremos factura a la nómina de un trabajador por cuenta ajena.
Otra cosa es que la factura no tenga IGIC.
Y otra cosa sería que estuviera incluido en el precio y especificado de tal manera.
Y otra cosa es que el que emite la factura pudiera estar exento de IGIC.
Creo que la fuente que citas ha ido a saco a por el balón y le ha dado una patada al aire. No obstante, la pelota sigue en juego.
Vaya con el jefe de correos...es el señor es con bigotillo? Y puede hacerlo? Como funcionario de la administración no tiene dedicación exclusiva? o ha pedido un informe a su secretaría general técnica? A lo mejor aquí todo el mundo opina sin tener todos los datos
Menuda pasada de minuta. Es muy cara para un letrado que apenas lleva 3 años ejerciendo, y que dudo mucho que pueda compatibilizar su condición de funcionario con la de abogado de una administración pública, por ahi puede tener serios problema a poco que alguien denuncie tema. 80 euros por hora para un abogado de 2004 es desorbitado, ni la calidad del trabajo lo exije.
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