Antonio Ramírez, ahora concejal de Hacienda, exigió en su día que Vega y Díaz fueran separados de sus cargos por engañar a un juzgado.
Nada de lo que pasa ahora en los juzgados responde a una locura, a un azar disparatado, sino que todo tiene su lógica y que el actual estado de cosas en Santa Brígida es el resultado de años y años de desgobierno y de falta de respeto a la ley y a la voluntad de las urnas, que cada legislatura volvían a votar a las mismas opciones, sin saber, sin conocer lo que realmente estaba pasando dentro del Ayuntamiento.
Nada de lo que pasa ahora en los juzgados responde a una locura, a un azar disparatado, sino que todo tiene su lógica y que el actual estado de cosas en Santa Brígida es el resultado de años y años de desgobierno y de falta de respeto a la ley y a la voluntad de las urnas, que cada legislatura volvían a votar a las mismas opciones, sin saber, sin conocer lo que realmente estaba pasando dentro del Ayuntamiento.
Y no fue solamente cosa de una concejal nacionalista, Victoria Casas, que denunció los hechos ante la Audiencia de Cuentas, sino que fue el resultado de la gestión de Carmelo Vega, Antonio Díaz y tantos otros, todos bajo el signo primero del PP y luego del suyo propio, que ha llevado a todos los habitantes de este municipio grancanario a este increíble grado de corrupción y de malas prácticas en la cosa pública. Y hay que saberlo todo al milímetro.
Más importante que la primicia, que sabe bien, de lo que se trata es sacar a la luz todo lo que pasó desde el año 2000 hasta el día de hoy y desentrañar porque un día hombres y mujeres satauteños decidieron cruzar la línea y no volver nunca para atrás.En Santa Brígida han fallado todos los controles, los externos y especialmente los internos, esos que distinguen a los buenos ciudadanos de los malos. Y esos fallos son los que reveló la Audiencia de Cuentas y que luego remató la Guardia Civil, que en este caso han trabajado como leones, contra todo tipo de adversidades y dispuestos a llegar hasta el final si hace falta.
El primero de ellos fue el asunto de las retribuciones percibidas por el alcalde y los concejales. Y es en Carmelo Vega donde se detienen los auditores de cuentas y señalan que como consecuencia de no practicarle las retenciones en sus emolumentos, la “Inspección de Hacienda del Estado, en acta de conformidad nº 73952195 para la regularización de la situación tributaria, liquidó al Ayuntamiento en concepto de retención/ingreso a cuenta rendimientos trabajo/provisional un total de 31.655 euros, que incluían 5.013 euros de intereses de demora, que la corporación abonó con cargo al presupuesto general del ejercicio 2005. Tal como se indica en un informe de la tesorera municipal de 22 de agosto de 2002, a diferencia de los restantes miembros de la corporación, las indemnizaciones pagadas al alcalde presidente carecen de justificación documental”.......
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