Lucas Bravo, concejal de Vías y Obras en el Ayuntamiento de Santa Brígida se revolvía inquieto en la silla. Llevaba tiempo siguiendo las crónicas radiofónicas del periodista José Eugenio de Armas donde desollaba por turnos a Díaz, Vega, Troya y todo el que se le pusiera por delante. Pero el salto lo dio cuando vio la edición en papel del periódico digital El Independiente de Canarias.com, donde una foto central de Antonio Díaz junto a Soria estaba señalado con una mira telescópica y en el que se podía leer “el alcalde de Santa Brígida en el punto de mira del juez”.Dentro un reportaje de dos páginas donde se podía ver estas frases: “el Ayuntamiento de Santa Brígida bajo sospecha” o “la prevaricación es la tónica general (I)”. Y allí el periodista mencionaba operaciones judiciales como Eolo, Faycán o la misma Malaya y jugaba con las mismas, sin decir claramente la que estaba abierta en esos momentos por parte del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil. Y deslizando claves como que alguien escuchaba ruidos raros en sus móviles, Armas conocía las escuchas que estaba haciendo la unidad policial, apuntó, para susto de Lucas, que se había reunido con un político y que hablando con él le había comentado las cantidades de dinero cobrados por ediles marbellíes a cambio de pelotazos urbanísticos.
Y éste le respondió “¿Eugenio, tú te asombras de eso? Si no hace falta ir a Marbella, aquí también por parte de ciertos y determinados concejales y ex concejales, se ha pedido dinero a constructores, empresarios y a otros, en nombre de otros políticos y algunos se han mamado, nada más que por ir de mensajeros, bastantes millones de pesetas y cientos de miles de euros?”.
El periodista precisaba lo siguiente: “y aviso a navegantes, que tengo otra reunión prevista con ese político para dentro de unos días, donde posiblemente me dé más datos, con pelos y señales, de temas que harán rasgarse las vestiduras y salirle los colores a más de algún politicastro, de esos que se meten en política por y para vivir y mamar de ella”.Y para darle fuerza a todo esto reproducía un auto del juez Parramón, el del número 7 de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria sobre las diligencias previas 476/06 que trataban de la concesión a Inmobiliaria Urbis de una licencia de primera ocupación, sin que constaran informes técnicos y jurídicos favorables, tal como hizo constar el secretario accidental Jacinto Hernández Suárez y que motivó la imputación del ex alcalde Antonio Díaz y la Junta de Gobierno.
¿Quién puso esta denuncia? Pues el ahora concejal de Hacienda y hombre fuerte de Lucas Bravo, Antonio Ramírez, que en esos momentos militaba en el PSOE y era el látigo del PP y especialmente de su concejal de Vías y Obras, al que seguía a todas partes y grababa cuando tenía ocasión. Todo esto hizo que a Lucas Bravo se le encendiesen todas las alarmas. Sabía de quién estaba hablando Eugenio de Armas, con quién lo había hecho y que podía esperarse de todo eso sino lo atajaba a tiempo. Y descolgó el teléfono y llamó Juan Carlos Suárez de Tangil y éste a Eugenio de Armas. Y quedaron en el restaurante Bentayga. Y allí pasó lo que pasó entre ambos. El resultado, una conversación telefónica, terminó en manos de la Guardia Civil e incorporada al sumario de la operación Brisán. Y todo para evitar lo que finalmente ha terminado por ocurrir.
Lo cierto es que Lucas Bravo no se equivocó en nada: la trama estaba ya descubierta, ahora solamente queda atar cabos y el terreno que rodea al actual alcalde es cada vez más pequeño. Y él lo sabe. Lo único que lo salva es la sombra de su padre, ex diputado y todavía poderoso en la sombra, a pesar de Soria. Y esa sombra que ha arrancado varios y fuertes compromisos es la que impide que las declaraciones contundentes de los empleados contra él todavía no sean suficientes. Pero la paciencia marca el trabajo de la Guardia Civil y ella espera, al igual que otras personas, especialmente Vega y Díaz, que saborean el dulce sabor de la venganza.
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