El ex concejal de Hacienda del PP del Ayuntamiento de Santa Brígida Antonio Díaz manifestó este miércoles que la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento en el 2000 para la construcción de un edificio en El Palmeral contaba con los informes jurídicos y técnicos favorables. Díaz declaró ante el juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria que investiga la denuncia presentada por un vecino de la zona, por entender que la concesión de esa licencia vulneró una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo en 1998 que ordenó modificar las ordenanzas urbanísticas de El Palmeral y sólo permitía la construcción de viviendas unifamiliares. El ex concejal, que fue alcalde de Santa Brígida por el PP y que está imputado en el "caso Brisan" y que continúa en el Ayuntamiento como miembro del grupo mixto, afirmó a un grupo de periodistas que los ciudadanos de su municipio pueden estar tranquilos porque "las cosas están bien hechas". Junto al ex concejal de Hacienda también declararon en el juzgado cinco de los siete miembros de la comisión de urbanismo y de gobierno que finalmente aprobó la concesión de la licencia. A todos ellos se les tomó declaración por su supuesta implicación en el caso. El ex alcalde Carmelo Vega, entonces del PP, y en la actualidad también concejal del grupo mixto en la oposición, figura también como imputado como presunto autor de un delito de prevaricación, si bien ha declarado con anterioridad ante el juez que instruye el caso caso, Miguel Ángel Parramón. El magistrado aún no se ha pronunciado sobre los cargos que se atribuyen a las personas que declararon este miércoles, indicaron fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El secretario municipal que participó en la sesión de la comisión de urbanismo también fue citado a declarar como testigo a petición del fiscal, indicaron fuentes cercanas al caso. Según fuentes municipales, el alcalde conocía la sentencia del Tribunal Supremo pues toda la correspondencia que llegaba al Ayuntamiento "pasaba por sus manos", pese a que desde la Consejería de Política Territorial no se instó al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia. Las obras del edificio de El Palmeral comenzaron en mayo de 2001 y en la actualidad está concluido.
07 noviembre 2007
EL EX ALCALDE DE SANTA BRÍGIDA DECLARA POR PERMITIR SUPUESTAS EDIFICACIONES ILEGALES
El ex concejal de Hacienda del PP del Ayuntamiento de Santa Brígida Antonio Díaz manifestó este miércoles que la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento en el 2000 para la construcción de un edificio en El Palmeral contaba con los informes jurídicos y técnicos favorables. Díaz declaró ante el juzgado de Instrucción Número 7 de la capital grancanaria que investiga la denuncia presentada por un vecino de la zona, por entender que la concesión de esa licencia vulneró una sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo en 1998 que ordenó modificar las ordenanzas urbanísticas de El Palmeral y sólo permitía la construcción de viviendas unifamiliares. El ex concejal, que fue alcalde de Santa Brígida por el PP y que está imputado en el "caso Brisan" y que continúa en el Ayuntamiento como miembro del grupo mixto, afirmó a un grupo de periodistas que los ciudadanos de su municipio pueden estar tranquilos porque "las cosas están bien hechas". Junto al ex concejal de Hacienda también declararon en el juzgado cinco de los siete miembros de la comisión de urbanismo y de gobierno que finalmente aprobó la concesión de la licencia. A todos ellos se les tomó declaración por su supuesta implicación en el caso. El ex alcalde Carmelo Vega, entonces del PP, y en la actualidad también concejal del grupo mixto en la oposición, figura también como imputado como presunto autor de un delito de prevaricación, si bien ha declarado con anterioridad ante el juez que instruye el caso caso, Miguel Ángel Parramón. El magistrado aún no se ha pronunciado sobre los cargos que se atribuyen a las personas que declararon este miércoles, indicaron fuentes del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El secretario municipal que participó en la sesión de la comisión de urbanismo también fue citado a declarar como testigo a petición del fiscal, indicaron fuentes cercanas al caso. Según fuentes municipales, el alcalde conocía la sentencia del Tribunal Supremo pues toda la correspondencia que llegaba al Ayuntamiento "pasaba por sus manos", pese a que desde la Consejería de Política Territorial no se instó al Ayuntamiento a ejecutar la sentencia. Las obras del edificio de El Palmeral comenzaron en mayo de 2001 y en la actualidad está concluido.
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